Escrita por Daniel Manzor, Profesor de Economía Universidad Adolfo Ibañez

En el marco de la visita de José Piñera a Chile y de una efervescencia social cada vez más compleja

en torno al tema de las pensiones, se ha instalado una vez más la discusión sobre cuál es el sistema que debería implementarse en Chile o si basta con un perfeccionamiento del sistema vigente.

El sistema actual de pensiones entró en vigencia a fines de 1980 a través del Decreto Ley N°3.500, y si bien ha tenido una serie de modificaciones, sigue manteniendo su esencia: un sistema de capitalización individual en el que cada trabajador debe ahorrar periódica y obligatoriamente un porcentaje de sus salarios, los cuales son posteriormente administrados por una entidad financiera. Si bien siempre han existido críticas en torno al sistema, los resultados actuales de las pensiones entregadas han encendido aún más el debate: de acuerdo a la Superintendencia de Pensiones, en marzo de 2016 el promedio de las pensiones por vejez pagadas en Chile fue de 7,24 UF (lo que equivale a 187.790 pesos chilenos). Esta cifra es coherente con la distribución de los salarios en Chile, según la cual el 58% de los trabajadores del país gana 362.250 pesos o menos. Como es posible ver, no resulta extraño que actualmente haya una discusión en torno al tema debido a los resultados que está teniendo el sistema.

Además del sistema de capitalización individual, existen en el mundo sistemas de reparto y sistemas mixtos. Los sistemas de reparto financian las pensiones de los jubilados mediante aportes mensuales obligatorios de los trabajadores activos, en muchos casos permiten aportes individuales para quienes deseen ahorrar de manera personal y en otros existen aportes del Estado para quienes no puedan ahorrar por su cuenta; casos emblemáticos de este sistema  son Dinamarca (considerado hoy el mejor sistema el mundo por el Melbourne Mercer Global Index) y Estados Unidos. Por otro lado, los sistemas mixtos componen las pensiones de los jubilados mediante aportes de los empleadores,  planes individuales y aportes del Estado; casos representativos de este sistema son Nueva Zelanda y Suiza (este último considerado hoy el cuarto mejor sistema de pensiones a nivel mundial). Cabe destacar que ambos tipos de sistemas suelen venir de la mano de una fuerte carga impositiva para poder financiar los aportes estatales.

Considerando la información anterior, ¿sería una buena idea eliminar a las AFP, acabar con la capitalización individual y establecer un sistema de reparto en Chile? Si bien se trata de una discusión muy compleja y que requiere de un análisis exhaustivo, es posible barajar algunas cifras: en 1995 el número de trabajadores activos equivalía a 5.206.650 personas, mientras que el de jubilados era 214.353, lo que equivale a un jubilado por cada 24 trabajadores activos; por otra parte, a diciembre de 2015 el número de trabajadores activos en Chile ascendía a 8.165.195 personas, mientras que el total de jubilados era 1.106.921, lo que equivale a un total de un jubilado por cada 7 trabajadores. Si se considera que una de las bases del sistema de reparto consiste en que los trabajadores activos aporten al financiamiento de las pensiones de los jubilados, no es difícil intuir que el panorama no luce muy prometedor para este sistema y que probablemente significaría una gran carga para el Estado; si a esto se le suman las tibias proyecciones de crecimiento para la economía chilena en los próximos años, el panorama es poco alentador.

¿Cuál es entonces la solución para el sistema de pensiones chileno? La pregunta es demasiado amplia y está llena de aristas tanto ideológicas como económicas. Algunos sectores insisten en regresar al antiguo sistema de reparto que se basaba en la existencia de distintas Instituciones (o “cajas”) de Previsión, las cuales funcionaban bajo la lógica de un sistema de reparto (cuyos potenciales problemas ya hemos analizado). Otros sectores proponen algunas medidas que modernicen el sistema actualmente existente: Felices y Forrados sugiere un sistema que "préstamo de reconocimiento", que implicaría en una inversión del Estado por cada chileno nacido y que, en teoría, ayudaría a aumentar las pensiones gracias a las rentabilidades anuales; la Propuesta General A de la Comisión Bravo propuso, en términos generales, mantener el actual modelo de AFP con un fortalecimiento de algunas de sus características (como el Pilar Solidario) y desde el gobierno se propone la creación de una AFP estatal.

El debate ya se ha instalado en la ciudadanía, en el ámbito académico y en el mundo político. Es en este contexto que José Piñera, ex ministro del trabajo e ideólogo del sistema de AFP, ha presentado sus propuestas para perfeccionar el sistema: aumentar el pilar solidario, subir la cotización a cargo del empleador, cambiar la edad de jubilación a las nuevas expectativas de vida y que el empleador pague las comisiones de las AFP. El mundo académico ha recibido sin mucho entusiasmo las propuestas del economista, ya que muchas de ellas ya se vienen discutiendo desde hace una década en el país; no obstante lo anterior, sin duda sus declaraciones han servido para reavivar el debate.

Sea cual sea el rumbo que se adopte, sin duda este es uno de los temas más importantes del último tiempo a nivel de país. Solo el tiempo dirá cuáles serán los resultados de la medida adoptada. Lo único cierto es que aún falta mucho por debatir y que es hora de analizar las cifras con la debida seriedad y responsabilidad; solo de esa manera será posible escoger el sistema que queremos como país y que nos permita garantizar pensiones suficientes para nuestros jubilados.