Frente al nuevo corte de agua que afectó principalmente a la Región Metropolitana y dejando a gran parte de Santiago sin ésta, se reabre el debate si realmente corresponde privatizar los servicios de bienes públicos.

La empresa de abastecimiento, “Aguas Andinas”, se encuentra nuevamente en la mira por presentar problemas en el suministro. Sumado al corte realizado en abril del año pasado, la rotura de matriz en Providencia y éste incidente, la firma en menos de un año ha presentado graves fallas para entregar un servicio correcto.

El modelo chileno

En el ámbito de las privatización de las aguas, el modelo actual es “similar” al de Inglaterra , otros países del mundo operan mediante concesiones, arriendo, entidades mixtas, etc. No obstante, el de tipo inglés se diferencia del nuestro con respecto a las negociaciones tarifarias, ya que en el país europeo son de carácter público y se establece claramente cuáles son las metas que pretende el ente regulador. En Chile, las negociaciones son secretas y solamente se publican una vez que se ha acordado la tarifa, si alguien desea puede inscribirse para participar en la bases, pero esto es algo meramente presencial y simbólico.

Claramente el modelo actual ya presenta problemas, sin embargo, ¿es realmente malo privatizar estas empresas de servicios públicos? Cabe recordar que el principal fundamento para que el estado deje de actuar en la entrega de bienes, es que la población obtendrá mejores beneficios cuando esta tarea la realiza un privado. La documentación existente señala que las firmas privadas pueden tener acceso a mejores tecnologías, otras fuentes de inversión y pueden tener la capacidad de entregar un mejor servicio. Pero indican que en estas compañías no prima principalmente el interés de sus consumidores sino en el de los inversionistas y trabajarán para éstos obtengan mayores beneficios.

Por otra parte, las empresas públicas se rigen por otros intereses tales como favores políticos o el de los votantes. Por ejemplo, si para realizar una gran inversión que mejoraría la calidad del servicio fuese necesario subir la cuenta del agua en 1000 pesos, quizás muchas autoridades nos estarían dispuestas a tomar esta decisión, por el costo político que puede llevar. Asimismo, la documentación existente explica que en reiteradas ocasiones las empresas sanitarias públicas fallan en cumplir los estándares mínimos que impone el mismo gobierno y por lo general tienen una matriz vieja y obsoleta.

La solución a este tipo de problema finalmente recae en la existencia de un buen sistema de gobierno de estas firmas (públicas o privadas), como también, de una mayor regulación existente a estas empresas. Es necesario que exista una autoridad que sea capaz de cumplir su rol real, de aplicar multas y exigir medidas de inversión para prevenir dificultades y tiene que haber una mayor transparencia en la negociación por los bienes comunes. Además, estas compañías fuera de tener responsabilidades con sus inversionistas también tienen que velar por el interés de sus  consumidores, por lo tanto, éstas deben tener un buen sistema de gobierno que administre las utilidades existentes e invierta en infraestructura, tecnología y servicios para garantizar un buen suministro.

Por último, como algo positivo, “Aguas Andinas” espera invertir 830 millones para 2020. Es de esperar que esta cifra aumente y que con un cambio climático evidente (por el tema de la isotermia) se hayan aprendido lecciones, para evitar cortes de agua por los mismos motivos en los próximos meses.