Empresas estratégicas:

Durante esta semana, en las comunas de Las Condes y La Reina, los usuarios detectaron malos olores y turbiedad en el agua potable, lo que encendió las alarmas en Aguas Andina, empresa encargada de suministrar el servicio en estas comunas, generando una investigación por parte de ésta sin que se hayan detectado en las muestras tomadas en terreno ninguna sustancia o parámetros fuera de lo normal.

Por su parte, la empresa sostuvo que la normalidad y calidad  del agua comenzaba a retornar a los hogares. Sin embargo, recientemente, se dio a conocer que la contaminación fue debida a un  vertimiento ilegal de residuos humanos en un acueducto en La Reina.

Pero este y otros incidentes, nos lleva a preguntarnos cómo reaccionan y cuan preparados están los servicios básicos ante una crisis?  Esta vez sólo veremos 2: electricidad y agua potable en la Región Metropolitana.

La empresa nace en 1861 como Agua Potable Santiago, en 1977 cambia de nombre a Empresa Metropolitana de Obras Sanitaria (EMOS). En 1997, el Congreso aprobó el traspaso a manos privadas y en 2001 se transforma en Aguas Andina S.A.

Del 2013 hasta nuestros días se han producido 4 cortes mayores en el suministro de agua potable en la Región Metropolitana (RM) que han afectado al 80% de su población. Estos cortes se han producido por sucesos climáticos en la zona cordillerana de la RM cuando cae lluvia por sobre 3600 mts, isoterma cero, donde habitualmente cae nieve y no lluvia, produciendo aludes, socavones, desprendimientos de laderas y aumento del caudal en el cauce del rio Maipo,  responsable del 85% de la producción de agua potable de la RM.

Actualmente la empresa trabaja en el proyecto Pirque, que contará con una capacidad de almacenamiento de 1.500.000 metros cúbicos de agua potable, permitiendo aumentar la capacidad de acopio del elemento en 3 veces y así, poder extender de 9 a 36 horas el abastecimiento en caso de emergencia.

La Empresa Nacional de Electricidad (Enel), nace en 1943 como filial de  Corfo. En 1987 es privatizada en una serie de ofertas pública de acciones. Hoy, controlada por capitales italianos ha tenido que superar un pésimo rol en la nevazón del año pasado.

El frente de mal tiempo del  15 de julio del 2017, cuando la compañía vivió sus horas más oscuras, donde una persona electro dependiente murió, 300 mil personas quedaron sin energía eléctrica, y algunas, por más de 50 horas. Estos acontecimientos, le valió ser  blanco de intensas críticas por parte de políticos, Gobierno y usuarios a través de redes sociales por su paupérrima capacidad de respuesta y por un peor manejo de crisis.

Una vez superada la crisis, la empresa ha tomado un plan de acción para que estos acontecimientos no se repitan en el futuro. Dentro de estas medidas se encuentran: la poda y tala de árboles, robustecimiento de red en zonas críticas para hacer remplazo de la red aérea desnuda por red protegida que implica cambios en la red en algunas comunas. Además, el aumento de cuadrillas para ejecutar acciones preventivas y durante las emergencias, incorporación y adquisición de equipos y grupos electrógenos para 270 pacientes electro dependientes, siendo éstos prioridad ante una emergencia. Conjuntamente, Enel se encuentra coordinando con autoridades un reforzamiento en los protocolos de ajustes y colaboración  con otros organismos ligados a las emergencias.

Dado el mal nivel de servicio de estas empresas, algunos políticos han señalado que debiesen estar en control del Estado. Pero ¿es realmente válido este argumento?

Cabe recordar que el principal fundamento para que el estado deje de actuar en la entrega de bienes, es que la población obtendrá mejores beneficios cuando esta tarea la realiza un privado. La documentación existente señala que las firmas privadas pueden tener acceso a mejores tecnologías, otras fuentes de inversión y pueden tener la capacidad de entregar un mejor servicio. Pero indican que en estas compañías no prima principalmente el interés de sus consumidores sino en el de los inversionistas y trabajarán para éstos obtengan mayores beneficios.

Por otra parte, las empresas públicas se rigen por otros intereses tales como favores políticos o el de los votantes. Por ejemplo, si para realizar una gran inversión que mejoraría la calidad del servicio fuese necesario subir la cuenta del agua en 1000 pesos, quizás muchas autoridades nos estarían dispuestas a tomar esta decisión, por el costo político que puede llevar. Asimismo, la documentación existente explica que en reiteradas ocasiones las empresas sanitarias públicas fallan en cumplir los estándares mínimos que impone el mismo gobierno y por lo general tienen una matriz vieja y obsoleta.

La solución a este tipo de problema finalmente recae en la existencia de un buen sistema de gobierno de estas firmas (públicas o privadas), como también, de una mayor regulación existente a estas empresas. Es necesario que exista una autoridad que sea capaz de cumplir su rol real, de aplicar multas y exigir medidas de inversión para prevenir dificultades y tiene que haber una mayor transparencia en la negociación por los bienes comunes. Además, estas compañías fuera de tener responsabilidades con sus inversionistas también tienen que velar por el interés de sus  consumidores, por lo tanto, éstas deben tener un buen sistema de gobierno que administre las utilidades existentes e invierta en infraestructura, tecnología y servicios para garantizar un buen suministro.

Es de esperar que en el Gobierno como en el Congreso, tomen conciencia de que es necesario cambiar y aumentar la regulación, como de mejorar los controles existentes. A fin de cuentas son ellos los que tienen que pensar en el bienestar de todos los chilenos.